La asamblea que apoya al niño de Canet exige al fiscal frenar el acoso a profesores castellanoparlantes

La Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña vuelve a la palestra para defender a los niños que están siendo marginados y atacados por querer ser educados en castellano. Se trata de la misma organización que está defendiendo al niño de 5 años de Canet al que el separatismo acosa por querer recibir la educación en español. Y ahora carga contra una encuesta que pide a los alumnos de 10 y 11 años, y de 13 y 14 años confesar la lengua que usan con sus amigos y familia y hasta delatar a los profesores que imparten las clases en castellano.

Ana Losada es la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña (AEB). Y acaba de denunciar ante el “Ministerio Fiscal los hechos que se expondrán a continuación y que entendemos que pueden constituir vulneraciones graves de los derechos de los menores, tanto en lo que se refiere a su derecho a la intimidad personal y familiar, la libertad ideológica y el derecho a no ser obligado a realizar trabajos o tareas que no redunden en su beneficio o provecho”.

Se trata de una actuación que “no responde al interés superior del menor y que carga a éste con una tarea que no es útil para su formación, aprovechando la situación de subordinación del menor en el entorno escolar para conseguir que facilite información de naturaleza íntima y familiar sin el necesario consentimiento de sus representantes legales”.

Con esa catalogación jurídica, la Asamblea por una Escuela Bilingüe en Cataluña denuncia “que la Consejería de Educación distribuirá a los alumnos de 5º de Primaria (10-11 años) y de 3º de ESO (13-14 años) una encuesta preparada por el Síndic de Greuges de Cataluña sobre usos lingüísticos tanto de los menores como de sus familiares y profesores”.

La denuncia señala que “de acuerdo con las informaciones facilitadas, no se prevé pedir permiso a los representantes legales de los menores para que estos respondan a la mencionada encuesta. El argumento para no pedir el permiso a las familias es que los datos del alumno no serán conservados ni facilitados”. “De esta manera, la encuesta se facilitará a los alumnos en el entorno escolar y se les solicitará que la realicen sin darles la oportunidad de negarse a ello y sin preguntar a los representantes legales del menor si consienten la participación de éste en el mencionado estudio”, añade el texto de la denuncia.

La organización denunciante explica que “ha de descartarse que la encuesta objeto del presente escrito se enmarque en la formación del alumno, esto es, pueda ser considerada como una actividad orientada a conseguir alguno de los fines previstos en el art. 2 de la LO 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE, 4-V-2006) o de los principios que recoge el art. 2 de la Ley 12/2009, de 10 de julio, de Educación de Cataluña (DOGC, 16-VII-2009) y que, en lo que se refiere al fin de la educación se concretan en el art. 3 de la misma ley: “una educación integral, orientada al pleno desarrollo de la personalidad, con respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y las libertades fundamentales”.

Actividad formativa

Y para que “la realización de la encuesta pudiera considerarse una actividad formativa debería justificarse este extremo, cosa que en ningún momento ha hecho la Consejería de Educación. Esta justificación, además, resulta imposible, pues de ninguna forma puede relacionarse su contestación con el desarrollo de las capacidades del menor, la capacitación para el ejercicio de actividades profesionales, la educación en el respeto a los derechos y libertades fundamentales o cualquier otro de las finalidades que recoge la normativa educativa”.

Dos son los principales focos de interrogatorio de esa encuesta: “La tarea que se pide (ordena) que desarrolle el alumno implica, además, facilitar datos que afectan a su intimidad, como es la lengua que habla con su padre o madre o con sus amigos o la que utiliza fuera del entorno escolar. El hecho de que las respuestas que den los alumnos no se vinculen a su nombre no altera la naturaleza de la información solicitada, que es parte de la intimidad de la persona y que, por tanto, no ha de ser facilitada en una encuesta, aunque sea anónima, más que cuando existe un consentimiento pleno y con todas las garantías, consentimiento que no puede darse en un entorno escolar en el que la autoridad del profesorado debe ser respetada, y sin que intervengan los representantes legales del menor”.

Es más, la encuesta interroga “por la lengua que utilizan los profesores. En este caso se está pidiendo (ordenando) a los alumnos que fiscalicen el cumplimiento de las obligaciones, en este caso en materia lingüística, de sus profesores. Como es sabido, el régimen que se practica en las escuelas catalanas es el de que la única lengua de aprendizaje y utilizada en la comunidad educativa es el catalán casi exclusivamente y el Departamento de Educación tiene intención de vigilar el uso que hacen los profesores de otras lenguas, especialmente del castellano, fuera de los ámbitos en los que está permitido (en sentido estricto, tan solo en clase de lengua castellana y en aquellas otras materias que excepcionalmente, y tan solo en algunos centros educativos, se imparten en castellano)”.

“La pregunta dirigida a los alumnos sobre la lengua que usan los profesores no puede tener más función que la de verificar si el profesorado cumple con la pretendida imposición del Departamento. Por lo tanto, no es que no sea útil para la formación del alumno realizar esta función de fiscalización, sino que resulta directamente contraproducente en tanto en cuanto afectará a la relación que mantiene con su profesor, que ha de ser de respeto y que no puede verse interferida por la atribución de una función de control que está completamente fuera de lugar que se atribuya a menores. En este sentido, es de destacar que la encuesta tiene un código de centro que sirve para facilitar la identidad del centro educativo”, aclara la denuncia sustentada por el uso  del castellano y del catalán en las escuelas.